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El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sacude la escena pública con una serie de fallos que dictaminan responsabilidades patrimoniales y, en algunos casos, sorprendentes absoluciones. ¡La justicia administrativa, en el ojo de la tormenta!
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sigue dictando sentencia, con fallos que marcan responsabilidades patrimoniales y, en algunos casos, sorprendentes reversiones. La fiscalización sobre los fondos públicos no da tregua, con consecuencias directas para funcionarios y ex funcionarios bonaerenses.
En un caso que conmueve al Organismo Provincial de la Niñez, la funcionaria Marianela Cazzappa fue declarada responsable por un faltante de $772.799,08. El Tribunal le exige la devolución del monto en un plazo de noventa (90) días, un ultimátum que resalta la gravedad de la situación en un área tan sensible de la provincia.
En contraste, hubo un alivio para los ex agentes municipales de Morón, Alejandro Avelino Fernández e Ivanna Beatriz Jerez. El Tribunal dejó sin efecto cargos patrimoniales que les habían sido impuestos por irregularidades en el Ejercicio 2017. Una decisión que generará un gran impacto en los implicados y abre interrogantes sobre la revisión de procesos judiciales anteriores.
Finalmente, el Consejo Escolar de La Plata también fue foco de atención. El ex presidente Mario Oscar Preiato y la ex vicepresidenta Laura Selva Garcia Radresa no pudieron evitar la confirmación de cargos por más de $460.000 (sumando $205.241,95 y $254.875,79), originados en el lejano Ejercicio 2005. Ambos tienen noventa (90) días para saldar estas deudas.
Estos dictámenes, aunque técnicos, son un claro reflejo de la implacable fiscalización sobre los fondos públicos. Subrayan la crucial importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los estratos de la administración. Los ciudadanos deben estar alerta, ya que estas resoluciones impactan directamente en la confianza institucional y el manejo de los recursos que les pertenecen.
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