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La AFIP-DGA intima a decenas de personas a regularizar su situación aduanera en 10 días o perderán sus bienes. ¿Contrabando o burocracia desmedida? La frontera caliente de Misiones, bajo la lupa.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana de Posadas, ha lanzado un ultimátum que tiene en vilo a decenas de ciudadanos. Mediante un aviso oficial, se notifica a una larga lista de personas que tienen un plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles para definir el destino de mercadería involucrada en expedientes aduaneros. Este aviso es una formalidad legal para aquellos que no pudieron ser notificados personalmente.
La medida, que se ampara en la Instrucción General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA, resuelve archivar las actuaciones de los casos mencionados. Sin embargo, lo más impactante es la intimación a los titulares de la mercadería. Se les exige que le den una "destinación permitida" a sus bienes. Esto significa, en la práctica, que deben optar por la nacionalización de la mercadería, lo que implica el pago de los tributos de importación correspondientes y la regularización de cualquier intervención de terceros organismos. Caso contrario, se enfrentarán a la drástica consecuencia del rezago.
El apercibimiento de declarar el rezago y la posterior "destinación de oficio" no es menor. Si los involucrados no cumplen en el plazo establecido –contado a partir de la recepción de la notificación–, sus bienes serán considerados abandonados o sin valor comercial, y la Aduana podrá disponer de ellos como crea conveniente, sin compensación para el titular. Esto afecta directamente a los individuos mencionados en la lista, muchos de los cuales podrían ser pequeños comerciantes, "paseros" o personas que intentaron ingresar bienes al país sin la documentación o los pagos aduaneros correspondientes. La lista incluye tanto DNI argentinos como C.I.(PY) paraguayos, lo que subraya la naturaleza transfronteriza de estos casos en la zona de Posadas, Misiones.
Esta acción de la Aduana de Posadas se da en un contexto de mayor control sobre el comercio fronterizo, buscando combatir el contrabando y asegurar la recaudación fiscal. Para la sociedad, implica un mensaje claro de que las autoridades aduaneras están activas en la fiscalización. Para las empresas y los individuos que operan en la frontera, es un recordatorio severo de la necesidad de cumplir con todas las normativas de importación y exportación, ya que la omisión puede resultar en la pérdida total de la mercadería. Es crucial que los afectados busquen asesoramiento legal urgente para evitar la confiscación de sus bienes.
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