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El Gobierno Nacional obliga a las universidades a usar sistemas electrónicos de contratación (COMPR.AR y CONTRAT.AR) para bienes, servicios y obras. Una medida que busca más transparencia y eficiencia, pero que impacta la autarquía universitaria.
¡Se acabó la "caja negra" en las universidades! El Decreto 1092/2024 del Poder Ejecutivo Nacional ha puesto en jaque la histórica autarquía de las Universidades Nacionales al obligarlas a utilizar los sistemas electrónicos de contratación COMPR.AR y CONTRAT.AR para todas sus compras de bienes, servicios y contratos de obra. La jugada, que entrará en vigencia mañana, busca un golpe de timón hacia la "transparencia y la debida rendición de cuentas" en el uso de los recursos públicos.
Hasta ahora, las universidades, si bien estaban alcanzadas por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, no estaban expresamente obligadas a usar estos sistemas electrónicos desarrollados por la Oficina Nacional de Contrataciones. Esto generaba un vacío que, según el Gobierno, atentaba contra la "eficacia, transparencia, accesibilidad y competitividad" en sus procesos.
"La no utilización de los sistemas antes mencionados atenta contra los objetivos previstos en la Ley N° 24.156, en especial sobre la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos", reza el decreto.
La medida es un espaldarazo a la digitalización y la uniformidad en las compras estatales. COMPR.AR es el sistema para bienes y servicios, mientras que CONTRAT.AR se enfoca en obras públicas y concesiones. La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de coordinar la implementación, lo que implicará un desafío logístico y cultural para las instituciones educativas.
Por un lado, una mayor fiscalización y estandarización de sus procesos de compra, lo que podría reducir discrecionalidades y mejorar la eficiencia en el uso del presupuesto. Por otro lado, algunos sectores podrían verla como una injerencia en la autonomía universitaria, un principio fundamental garantizado por la Ley de Educación Superior. La frase de la Corte Suprema citada en el decreto, que vincula la forma republicana de gobierno con la "transparencia en el manejo de la renta pública", sirve de marco para esta decisión.
Para los estudiantes y la sociedad en general, la expectativa es que esta medida se traduzca en una gestión más limpia y eficiente de los fondos públicos destinados a la educación superior, garantizando que cada peso se invierta de la mejor manera.
