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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aumenta la tasa de seguridad operacional, argumentando un atraso tarifario desde 2016 y la necesidad urgente de financiar inversiones críticas para fortalecer la seguridad en aeropuertos y servicios de salvamento y extinción de incendios, impactando directamente en el costo de los pasajes aéreos.
¡Atención, viajeros! Prepárense para sentir un nuevo impacto en el bolsillo. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha resuelto, mediante la Resolución 258/2026, aumentar los valores de la tasa por el servicio de seguridad operacional. Esta medida, que entrará en vigencia para los billetes emitidos a partir del 28 de mayo de 2026, busca compensar un "atraso tarifario sostenido en el tiempo" que se arrastra ¡desde el año 2016! La inflación galopante ha erosionado los ingresos de la ANAC, generando un "desfasaje significativo" entre lo que recauda y los costos reales de operación, mantenimiento e inversión.
¿El motivo principal? Fortalecer los niveles de seguridad en los aeródromos de la República Argentina. La ANAC planea implementar planes integrales para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y el Servicio de Sanidad Aeroportuaria, además de mejorar la infraestructura aeroportuaria, incluyendo el mantenimiento y modernización de instalaciones, sistemas de navegación y equipamiento de seguridad. El 50% de lo recaudado por esta tasa se destinará específicamente a la infraestructura en materia de seguridad aeroportuaria.
Para el pasajero, esto se traduce en un encarecimiento de los pasajes aéreos, aunque la ANAC argumenta que es una medida necesaria para garantizar los "estándares adecuados de operatividad y protección" y cumplir con las exigencias internacionales de la OACI. La anterior resolución que fijaba las tarifas fue derogada, abriendo paso a estos nuevos valores que, según la autoridad, son "justos y razonables" y respetan los principios de "transparente y no discriminación".
Si bien la seguridad es primordial, el aumento de costos siempre genera preocupación en un contexto económico delicado. Los que vuelan frecuentemente serán los más afectados, y habrá que ver si esta inyección de fondos realmente se traduce en mejoras tangibles en la seguridad y la infraestructura aeroportuaria, o si solo se convierte en un nuevo impuesto al viajero.
