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Mariela Moya continuará por 180 días hábiles al frente de la Dirección General de Financiamiento Externo y Local de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El Ministerio de Justicia designa transitoriamente a Damián D’AQUILA en Tecnologías de la Información y a Ana Carolina EGGINK en Gestión Documental. ¿Renovación o continuidad en la gestión administrativa?
La AAIP impone el uso de una plataforma digital para todas las solicitudes de información pública a partir de septiembre, prometiendo eficiencia pero generando desafíos para los organismos y la ciudadanía.
El Ministerio de Capital Humano aprueba la creación de una plataforma digital para centralizar y analizar datos de la población en situación de vulnerabilidad, prometiendo eficiencia pero abriendo un debate sobre la privacidad de la información sensible de millones de argentinos.
Cuatro resoluciones consecutivas confirman y extienden cargos clave en diversas secretarías y agencias, con *polémicas excepciones* a los requisitos. ¿Señal de flexibilidad o de emergencia en la gestión estatal?
La Secretaría de Industria y Comercio actualiza el proceso productivo para televisores y monitores en Tierra del Fuego, exigiendo a las empresas adaptarse en 180 días a estándares modernos y más competitivos.
La Agencia de Acceso a la Información Pública crea un programa de fortalecimiento para blindar los datos personales en la Administración Pública Nacional, un paso gigante hacia la seguridad y la transparencia.
ENACOM destina $250 millones del programa de infraestructura de internet en zonas rurales para finalizar un convenio con ORBITH S.A. Una medida clave para garantizar la conectividad en áreas remotas, pero con la sombra de un 'Acuerdo de Finalización de Convenio'.
Nuevas exigencias de información para bancos y fintechs: el Banco Central intensifica el control sobre operaciones a término, depósitos judiciales y cuentas de pago, prometiendo mayor vigilancia en el sistema.
El Ente Nacional de Comunicaciones ajusta una omisión en los plazos de vencimiento para la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación, brindando más seguridad jurídica a las empresas del sector.
