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El Gobierno homologó un polémico acuerdo entre Jack Cars S.A. y SMATA que permite suspender empleados con pagos no remunerativos, salteando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Precedente peligroso o salvavidas para la empresa?
Una movida legal que agita el tablero laboral. El Ministerio de Capital Humano acaba de homologar un explosivo acuerdo entre JACK CARS SOCIEDAD ANÓNIMA y el poderoso SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA). ¿La clave? Suspensiones de personal con un pago no remunerativo, amparadas en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Pero lo más resonante es que esta decisión saltea un paso crucial y obligatorio: el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), establecido por la Ley 24.013. La justificación oficial es que el consentimiento del sindicato se interpreta como un 'reconocimiento tácito' de la situación crítica de la empresa, y que exigir el PPC sería un 'dispendio de actividad', una pérdida de tiempo innecesaria.
Para los trabajadores afectados, esta medida significa una suspensión temporal con un ingreso menor al habitual, ya que la 'prestación no remunerativa' no suma para aportes jubilatorios ni otros beneficios. Aunque el objetivo es 'preservar los puestos de trabajo', la calidad del empleo se ve afectada y los derechos individuales pueden resentirse.
Para las empresas, abre una puerta a la flexibilidad laboral: ¿podrán negociar con los sindicatos para evitar el PPC en futuras crisis? Este atajo podría generar mayor agilidad para las compañías en apuros, a costa de la protección formal que brinda el procedimiento. El Gobierno, al convalidar esta interpretación, parece priorizar la 'salvación' de empleos por encima de los trámites burocráticos, sentando un precedente que podría redefinir cómo se gestionan las crisis empresariales en Argentina.
