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El Ministerio de Capital Humano homologa un polémico acuerdo de suspensiones en FERROMEL S.A., evadiendo el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Se salva el empleo o se precariza el futuro?
Una medida que generó revuelo en el sector de la construcción: el Ministerio de Capital Humano acaba de homologar un acuerdo clave entre la firma FERROMEL SOCIEDAD ANÓNIMA y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.E.C.A.R.A.). ¿El plato fuerte? Suspensiones de personal, pero con un giro que encendió las alarmas.
La disposición oficializa suspensiones de empleados bajo el paraguas del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, que permite el pago de una prestación no remunerativa. Esto significa que los trabajadores afectados recibirán un monto durante el período de suspensión, pero sin que este compute como salario a efectos de aportes o cargas sociales en su totalidad. Lo más llamativo es que el acuerdo se concretó sin la necesidad de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un paso obligatorio antes de despidos o suspensiones masivas.
Para los trabajadores de FERROMEL, implica una reducción de ingresos y una incertidumbre sobre su futuro laboral, aunque se preserve el puesto. Para las empresas en crisis, este antecedente puede ser una puerta abierta para saltear burocracia, ya que la homologación se justificó por el “consentimiento tácito” de la entidad sindical, interpretado como un reconocimiento a la situación de crisis de la empresa. Esto podría significar mayor flexibilidad para las compañías, pero menor protección ex ante para los empleados. La decisión genera un debate sobre el equilibrio entre la supervivencia empresarial y los derechos laborales en tiempos difíciles.
En un contexto económico complejo, la búsqueda de herramientas para gestionar crisis empresariales es constante. Eludir el PPC, aunque con consentimiento sindical, marca una tendencia hacia una mayor flexibilidad en la gestión de personal, lo que podría ser visto como una forma de desregulación de facto en situaciones extremas. Sin embargo, la letra chica de estas homologaciones siempre deja abierta la discusión sobre el impacto real en el poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores.
