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El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aprobó y adjudicó una Contratación Directa, levantando sospechas sobre la transparencia de los procesos de compra estatales. ¿Qué se esconde detrás de esta operación?
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publicó hoy la Resolución N° 45/SSGA/26, que aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 3202-1781-CDI25, dependiente del Ministerio de Seguridad. Si bien a primera vista parece un trámite rutinario, la modalidad de 'Contratación Directa' siempre enciende las alarmas de los analistas, especialmente cuando se trata de fondos públicos en áreas tan sensibles como la seguridad.
Básicamente, que el Estado decidió comprar un bien o servicio sin recurrir a un concurso público de precios o licitación abierta, una práctica que, aunque legal bajo ciertas circunstancias, a menudo genera dudas sobre la optimización de los recursos y la equidad en la competencia. No se especifica en el texto qué tipo de bien o servicio se contrató, lo que incrementa la opacidad.
Este tipo de resoluciones son un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia ciudadana sobre el gasto público. La falta de detalles sobre el objeto de la contratación o el monto involucrado impide una evaluación completa, pero subraya la importancia de exigir mayor transparencia en cada peso invertido en la seguridad de todos los porteños. Es crucial que los organismos de control interno y externo actúen para garantizar que estas adjudicaciones respondan al interés público y no a otros intereses.
