¡ALERTA FINANCIERA! La UIF y la CNV cierran el cerco contra el lavado

El gobierno argentino, a través de sus organismos de control, ha lanzado un doble golpe para intensificar la vigilancia sobre el sistema financiero. Por un lado, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), con su Resolución 35/2026, no solo ratifica su rol de sheriff contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), sino que deroga la anterior Resolución 233/2025 para establecer un nuevo y más robusto mecanismo de intercambio de información. Esto significa que el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) deberán compartir datos como nunca antes, incluso con organismos extranjeros similares, garantizando la confidencialidad pero con la UIF como gran orquestador de esta sinfonía de datos. El objetivo es claro: hacer la vida imposible a quienes intenten mover dinero sucio en el país.

Simultáneamente, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), con su Resolución General 1122/2026, aprieta las tuercas a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). Esta medida impone un régimen informativo exhaustivo sobre sus pasivos financieros y los préstamos o alquileres de valores negociables. La CNV busca tener una radiografía completa y actualizada de la situación patrimonial y la exposición al riesgo de estas entidades, protegiendo así a los inversores. La obligación de reportar es mensual y detalladísima, incluyendo datos de CUIL/CUIT/CDI/CIE de prestatarios y prestamistas, fechas de vencimiento y características de las operaciones. Incluso se exige información histórica desde agosto de 2025. El mensaje es contundente: el sector financiero está bajo la lupa y la opacidad tiene los días contados. ¿Será suficiente para frenar las maniobras más audaces?