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En un giro drástico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deroga el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que asistía a comunidades para la titularización de sus tierras, argumentando 'ineficiencia' y 'desvíos'.
¡Bomba en el INAI! El gobierno desmantela el 'Programa de Fortalecimiento Comunitario', una herramienta clave para las comunidades indígenas que buscaba consolidar la posesión de sus tierras y alcanzar la propiedad comunitaria. La medida, que impacta directamente en los derechos de los pueblos originarios, se justifica por supuestas 'ineficiencias' y 'desvíos' en la gestión del programa.
La Resolución 8/2025 del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), dependiente ahora de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, ha derogado la Resolución INAI N° 235/2004, que dio vida al PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO. Este programa, creado en 2004, tenía como objetivo el otorgamiento de subsidios no reintegrables para cubrir gastos de asesoramiento jurídico, contable, capacitación legal y mensuras, todo para consolidar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Un apoyo vital para comunidades que históricamente luchan por sus derechos territoriales, en línea con la Ley N° 23.302 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La justificación oficial es contundente: desde la asunción del actual Gobierno Nacional el 10 de diciembre de 2023, se busca una mayor eficiencia y eficacia en la gestión estatal, en el marco de la emergencia pública declarada por el Decreto N° 70/2023. Según el INAI, el programa 'no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados' y fue objeto de 'deficiencias y desvíos' en informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación. Además, se constató una falta de registro y sistematización de información que impidiera cuantificar su impacto. En los considerandos, se critica que 'ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración', y que es 'imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas.'
Esta decisión es un golpe directo a la autonomía y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Deja a miles de personas sin una herramienta fundamental para la defensa legal y la regularización de sus tierras ancestrales, en un contexto donde el acceso a la justicia y la protección de sus derechos son históricamente complejos. El argumento de la 'ineficiencia' choca con la realidad de las comunidades que dependen de estos apoyos para hacer valer sus derechos. ¿Es una medida de austeridad o una reconfiguración de las políticas hacia los pueblos originarios? El gobierno sostiene que busca optimizar los recursos para planificar 'políticas públicas de acceso a justicia' más efectivas, pero la derogación sin un reemplazo claro genera incertidumbre y preocupación.
Para los ciudadanos comunes, esta resolución pone en el centro del debate la política indigenista del Estado y la forma en que se garantizan los derechos de las minorías. La posibilidad de que las comunidades queden más vulnerables frente a intereses externos sobre sus tierras es una preocupación latente. Mantenerse informado sobre futuras medidas del INAI será crucial para entender el rumbo de esta política tan sensible. Se recomienda a las organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas monitorear de cerca las próximas acciones del INAI y la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
