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La ARCA impone un sistema de trazado químico "marcador/reagente" obligatorio para frenar la evasión en combustibles con beneficios fiscales, afectando a productores, distribuidores y estaciones de servicio con nuevas y estrictas reglas.
Una revolución en la fiscalización de combustibles llega de la mano de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La Resolución General 5835/2026 sustituye por completo la antigua normativa, la RG 3.388, e implementa un sistema de control "marcador/reagente" que promete ser un dolor de cabeza para algunos y un alivio para las arcas del Estado.
Ahora, es obligatorio el uso de un marcador químico en los combustibles líquidos que tienen algún tipo de exención o reducción de impuestos, ya sea por su destino industrial o geográfico. Esto aplica a "sujetos pasivos" (productores/importadores), "distribuidores" y "adquirentes", incluyendo a las estaciones de servicio. El objetivo es distinguir con precisión los productos beneficiados y evitar el fraude.
Para las empresas del sector, significa una carga administrativa y operativa considerable. Deberán adquirir y aplicar los marcadores homologados, realizar ensayos obligatorios en cada descarga de combustible y reportar semestralmente un sinfín de datos. La ARCA promete prellenar información en su nuevo servicio "Trazado de Combustibles" (disponible desde el 1 de julio de 2026), pero la responsabilidad de la veracidad recae en el contribuyente.
"Es política actual del Poder Ejecutivo Nacional promover un mejor funcionamiento del Estado y reconstruir la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impidan su normal desarrollo," reza el considerando, aunque esta medida parece ir en la dirección de una mayor regulación para asegurar la recaudación.
El incumplimiento trae sanciones durísimas, desde el ingreso de tributos omitidos hasta multas millonarias. Para el ciudadano común, si bien no hay un impacto directo inmediato, la medida busca garantizar una competencia leal en el mercado de combustibles y evitar que la evasión fiscal termine afectando los servicios públicos.
