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El Ministerio de Capital Humano homologó acuerdos clave que permiten suspensiones de personal con pagos no remunerativos en empresas de peso como Borg, Kadira, Agco y Autobuses Santa Fe, esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Es este el presagio de una ola de ajustes laborales y un reflejo de la crisis económica que golpea fuerte en varios sectores?
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ha dado luz verde a una serie de acuerdos que permiten a empresas de diversos rubros suspender a parte de su personal, abonando una prestación no remunerativa. Esta medida, amparada en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, es un claro indicador de las dificultades económicas que atraviesan firmas importantes del país.
Los acuerdos, celebrados entre empresas como BORG SOCIEDAD ANÓNIMA, KADIRA SOCIEDAD ANONIMA, AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y AUTOBUSES SANTA FE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con sindicatos como el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), permiten las suspensiones sin necesidad de iniciar el tradicional Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). La justificación oficial es que el consentimiento sindical implica un "reconocimiento tácito" de la crisis, agilizando el proceso y evitando un "dispendio de actividad".
¿Qué significa esto para los trabajadores? Implica que, durante el período de suspensión, percibirán una suma de dinero que no tiene carácter salarial, lo que afecta sus aportes jubilatorios y otros derechos laborales. Aunque se busca preservar los puestos de trabajo, la calidad de esa "preservación" es tema de debate y preocupación.
Esta decisión impacta directamente en miles de familias y expone la fragilidad de sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola y el transporte de pasajeros. La homologación de estos acuerdos, lejos de ser un mero trámite administrativo, es un termómetro de la tensión económica y laboral que atraviesa Argentina. Los gremios, ante la dicotomía de despidos o suspensiones, optan por la segunda, aceptando condiciones que alivian la carga empresaria pero precarizan la situación del empleado.
"Se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad."
Es fundamental que los ciudadanos afectados y la opinión pública sigan de cerca cómo estas medidas impactan en el empleo y la economía real. La homologación de estos acuerdos se realizó entre el 29 y 31 de octubre de 2024, y se publicaron en el Boletín Oficial el 19 de diciembre de 2024.