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En un movimiento que sacude el mercado de trabajo, el Ministerio de Capital Humano avala una serie de acuerdos entre empresas y gremios para suspender personal bajo el polémico Artículo 223 bis, esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Se prioriza la 'flexibilidad' sobre la estabilidad?
El Boletín Oficial acaba de homologar una oleada de acuerdos de suspensión de personal que golpea a empresas clave de la industria y el transporte, en un claro reflejo de la crisis económica. El Ministerio de Capital Humano ha dado luz verde a pactos que permiten a firmas como SIAT S.A. (metalúrgica), Auto Dante S.A., CI-Dane S.A., L´Expres S.A., Espasa S.A., y AGCO Argentina S.A. (automotrices y maquinaria agrícola), suspender a sus empleados bajo el controvertido Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744).
La medida es polémica porque las suspensiones conllevan el pago de una prestación no remunerativa. Esto significa que los trabajadores, aunque reciban un ingreso, pierden aportes jubilatorios, contribuciones a obras sociales, y no computa para aguinaldo, vacaciones o futuras indemnizaciones. Es un golpe directo a los derechos y al bolsillo, presentado por las empresas como la única alternativa a los despidos masivos en este panorama de crisis.
Quizás lo más alarmante es la omisión o el 'reconocimiento tácito' del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un requisito legal (Ley 24.013) crucial antes de suspensiones o despidos colectivos. El Ministerio justifica esta dispensa por el consentimiento de los gremios (UOMRA, SMATA, UTA), argumentando que así se "preservan los puestos de trabajo" y se evita un "dispendio de actividad" burocrática. Esta flexibilización, aunque agiliza la gestión empresarial, genera serias dudas sobre la protección de los trabajadores y la intervención estatal. La medida, dictada en noviembre de 2024, es un termómetro de la tensión económica, impactando la estabilidad de miles de familias argentinas.
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