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El Ministerio de Economía extiende hasta julio de 2025 la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para entidades sin fines de lucro y el sector de la salud, una medida clave para dar oxígeno y que marca el debut de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En un movimiento estratégico que busca brindar un respiro económico a sectores vitales, el Ministerio de Economía dictó una resolución que suspende hasta el 31 de julio de 2025 el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud. Esta decisión, que ya tiene antecedentes en el año, se presenta como un salvavidas en un contexto de alta presión económica.
La medida impacta directamente en dos pilares fundamentales de la sociedad: por un lado, las entidades sin fines de lucro, que a menudo luchan con presupuestos ajustados y una creciente demanda de servicios sociales; por el otro, el sector de la salud, que enfrenta desafíos constantes en la provisión de atención médica. Al postergar las acciones de cobro y los embargos, el Gobierno busca que estas organizaciones puedan destinar sus recursos a sus funciones esenciales, evitando quiebras y garantizando la continuidad de servicios críticos para millones de argentinos.
Un dato no menor es que esta resolución marca un hito para la recién creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La encomendación de esta suspensión de juicios fiscales recae ahora sobre ARCA, consolidando su rol en la política fiscal y de control. Esta transición implica que la nueva agencia será la encargada de determinar los parámetros para identificar a las entidades y contribuyentes beneficiados, posiblemente en coordinación con el Ministerio de Salud.
La extensión de este beneficio, que ya había sido prorrogado en julio de 2024, subraya la persistencia de las dificultades económicas que enfrentan estos sectores. Para los ciudadanos comunes, significa la tranquilidad de que organizaciones que brindan servicios esenciales no se verán ahogadas por la presión fiscal, manteniendo operativos hospitales, clínicas y ONGs que asisten a los más vulnerables. Una medida que, sin dudas, generará un impacto positivo directo en la calidad de vida de muchos.
