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El Gobierno ajusta los aranceles para la emisión de pasaportes y documentos de viaje, prometiendo "mejores estándares" tecnológicos y de seguridad. Un golpe al bolsillo de quienes planean salir del país, con incrementos que rigen desde el 6 de marzo.
¡Prepárense para el impacto! La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo la órbita del Ministerio del Interior, acaba de oficializar un nuevo cuadro tarifario que hará temblar las billeteras de los viajeros. A partir del 6 de marzo de 2026, tramitar el pasaporte ordinario, el exprés o el de resolución inmediata será considerablemente más caro. La medida también afecta los documentos de viaje para apátridas y refugiados, aunque estos últimos mantendrán la tarifa más baja, en sintonía con convenciones internacionales.
¿Qué significa esto para vos? Simplemente que el costo de salir del país, o de renovar tu documento de viaje, se incrementa. Si tenías pensado viajar, apurate a tramitarlo antes del 6 de marzo si querés evitar el ajuste. Según el organismo, esta actualización se justifica para "continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos", y para equiparar los valores con "países de la región".
El RENAPER, facultado por la Ley N° 17.671, tiene la exclusividad para expedir estos documentos. La Disposición 106/2026 deroga el artículo 1° de una medida anterior (Disposición N° 199/2025), dejando sin efecto el esquema tarifario previo y abriendo la puerta a los nuevos valores. Si bien el texto no detalla los montos exactos, remite a un anexo que se publica en la web del Boletín Oficial. Esto significa que los ciudadanos deberán buscar activamente esa información crucial para conocer el impacto real.
Este aumento, en un contexto económico complejo, podría ser un factor más que desincentive los viajes al exterior, impactando en el turismo saliente y en la planificación personal de miles de argentinos. Es una clara señal de que el Estado busca recaudar más por servicios esenciales, justificando la suba en la necesidad de modernización y seguridad.
