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Una resolución de la Aduana recorta drásticamente las garantías exigidas para depósitos fiscales, un guiño a la desregulación que busca aliviar la presión sobre el comercio exterior. ¿Será el empujón que necesita la economía?
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP), a través de la Resolución General 5630/2025, ha desatado una verdadera revolución en el mundo del comercio exterior. En un movimiento que muchos ven como una clara señal de desregulación, se ha decidido reducir el monto de la garantía que deben constituir los permisionarios de depósitos fiscales. ¡Adiós a los costos excesivos que ahogaban a las empresas!
El punto clave de esta medida es la modificación del cálculo de la garantía. Anteriormente, los depósitos fiscales debían asegurar sumas considerables, pero ahora, el nuevo esquema establece un valor de CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 50) o su equivalente en pesos por metro cuadrado, con un tope máximo de DOS MILLONES de DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 2.000.000). Esto significa una reducción sustancial respecto a las exigencias previas.
La principal beneficiada es la industria del comercio exterior, que engloba a importadores, exportadores y operadores logísticos. La reducción de estas garantías se traduce directamente en una disminución de costos operativos y financieros, liberando capital que antes quedaba inmovilizado. Esto podría impulsar la competitividad de las empresas argentinas y fomentar una mayor inserción en el mercado global, tal como lo plantea el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70 del 20 de diciembre de 2023.
Este cambio no es menor: representa un respiro para muchas pymes y grandes compañías que buscan optimizar sus procesos aduaneros. En un contexto económico desafiante, cada dólar que se ahorra es una victoria. La medida entrará en vigencia el primer día hábil posterior a su publicación.
