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El Gobierno bonaerense prorroga por cinco meses millonarios acuerdos con empresas para asegurar la prestación de servicios esenciales en el Gran Buenos Aires, financiados por el BID. La medida busca evitar un 'caos social' ante el inminente vencimiento de los contratos, pero genera interrogantes sobre la eficiencia.
Un Decreto explosivo sacude el Boletín Oficial bonaerense, revelando la prórroga de contratos multimillonarios para servicios cruciales de integración social y urbana en el Gran Buenos Aires. La medida, que extiende los acuerdos hasta junio de 2026, busca desesperadamente evitar un parate que, según el propio gobierno, amenazaría el 'derecho de los vecinos a un hábitat digno y sustentable'.
Los contratos originales, que vencían el 12 de enero de 2026, fueron adjudicados en 2025 a tres firmas: CIAGESER S.A. ($629.948.800), ASHIRA S.A. (con tres lotes que superan los $3.300 millones) y SERVICIOS IBARRA S.R.L. ($603.865.600). En total, hablamos de más de 4.500 millones de pesos en juego.
La extensión por cinco meses, en lugar de una nueva licitación, se justifica 'para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones', evitando un nuevo proceso administrativo. La Dirección Provincial de Evaluación de Políticas Urbanas y Control de Gestión solicitó la enmienda, argumentando la 'naturaleza ambiental y social' de las prestaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiador a través del Préstamo 4823/OC-AR, ya dio su 'No Objeción', blindando la operación.
Para el ciudadano, esto significa que servicios vitales no se detendrán. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué se llega al límite del vencimiento para prorrogar, en lugar de una planificación más anticipada? ¿Es ineficiencia o una medida de fuerza mayor? El debate está abierto, y los fondos del BID, una vez más, marcan la cancha en la gestión provincial.
