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El Ministerio Público Fiscal lanza un concurso vital para cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Una designación crucial que definirá el rumbo de la justicia penal en la Capital Federal.
¡Atención, Argentina! La justicia federal de la Capital Federal está en vilo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación ha lanzado la Resolución 49/2025, una movida estratégica que busca cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. ¿Por qué es tan importante? Porque esta jurisdicción está a las puertas de implementar el polémico y esperado sistema acusatorio dispuesto por el Código Procesal Penal Federal (Ley 27063).
La designación de este Fiscal General no es un trámite más. Es una pieza fundamental en el engranaje de un sistema judicial que promete revolucionar la forma en que se investigan y juzgan los delitos federales, pasando de un modelo inquisitivo a uno donde la fiscalía toma un rol central en la investigación. La persona que ocupe este cargo tendrá la enorme responsabilidad de liderar y coordinar la acción de los fiscales en causas de alto impacto, desde corrupción hasta narcotráfico, en un contexto de cambio profundo.
La Procuración General de la Nación, bajo la firma de Eduardo Ezequiel Casal, ha convocado a un concurso abierto y público de oposición y antecedentes n° 134. Esto significa que cualquier abogado que cumpla con los exigentes requisitos del artículo 46 de la Ley 27148 podrá postularse. Se busca garantizar la transparencia y la idoneidad en la elección, un punto siempre sensible en el poder judicial argentino.
Los postulantes deberán inscribirse a través del “Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os” (aprobado por Resolución PGN 96/21) y cargar toda la documentación que acredite sus antecedentes. La certificación del DNI y el título de abogado podrá realizarse en la Secretaría de Concursos (Libertad 753, CABA) o, para quienes residan en el interior, en coordinación con las fiscalías federales.
Esta designación es un termómetro de la voluntad política para avanzar con la reforma judicial. La calidad y la independencia del Fiscal General serán determinantes para la credibilidad y eficacia del nuevo sistema. Los ojos de la opinión pública estarán puestos en este proceso, esperando que se elija a una figura que esté a la altura del desafío que implica la implementación del sistema acusatorio en una jurisdicción tan compleja como la federal de la Capital.
