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En un movimiento audaz y constitucionalmente polémico, el Presidente de la Nación se autorizó a sí mismo a viajar al exterior sin el permiso del Congreso, invocando razones de servicio público y la necesidad impostergable de representar al país en eventos clave.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) explosivo ha sacudido el escenario político argentino. El Decreto 17/2025, firmado por el Presidente en Acuerdo General de Ministros, lo autoriza a ausentarse del país "cuando razones de gobierno lo requieran", hasta que el Congreso sancione la ley correspondiente para el año 2025. Esta medida, justificada por la ausencia de sesiones ordinarias y la necesidad impostergable de representar al Estado Nacional en el ámbito internacional, como su participación en la asunción del Presidente de los Estados Unidos de América y el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ya está generando un intenso debate constitucional.
El artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional establece que el Presidente solo puede ausentarse del país con permiso del Congreso o, en su receso, "sin licencia por razones justificadas de servicio público". La controversia radica en que la Constitución también limita el uso de DNU (Art. 99, inciso 3) a "circunstancias excepcionales" y prohíbe su uso en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Si bien la autorización para viajar no encaja directamente en estas prohibiciones, el hecho de que el Presidente se otorgue a sí mismo esta facultad por DNU, en lugar de esperar la ley o una licencia específica, abre un flanco de discusión sobre los límites del Poder Ejecutivo.
Esta decisión refuerza la autonomía presidencial en política exterior y la velocidad de reacción ante eventos internacionales, pero a la vez erosiona el rol de control del Poder Legislativo. Para la sociedad, implica un Poder Ejecutivo más concentrado y una señal de que el gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para avanzar con su agenda, incluso a costa de tensiones institucionales. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá expedirse sobre la validez de este DNU, lo que promete un nuevo capítulo de confrontación política y un pulso clave entre poderes del Estado.
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