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La Secretaría de Energía mete mano en el Mercado Eléctrico Mayorista, liberando contratos, descentralizando la gestión de gas y disparando el costo de la energía no suministrada. ¿Se viene la luz al final del túnel o una factura más pesada?
Argentina se despierta con una sacudida en el sector energético. La Resolución 21/2025 de la Secretaría de Energía, publicada el 28 de enero de 2025, es un verdadero terremoto regulatorio que promete redefinir el tablero del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En un movimiento audaz, el gobierno avanza con la descentralización de la gestión de combustibles y la eliminación de trabas que, según afirman, frenaban la inversión y la eficiencia.
La medida más resonante es la derogación de la Resolución N° 354/2020, que centralizaba la gestión del gas natural. A partir del 1° de febrero de 2025, los generadores térmicos tendrán mayor autonomía para gestionar su propio combustible, con el Organismo Encargado del Despacho (OED) actuando como proveedor de última instancia. Esto busca reducir costos y mejorar la eficiencia, pero también transfiere riesgos al sector privado.
Otro punto caliente es la habilitación a proyectos de generación eléctrica convencional (térmica, hidroeléctrica o nuclear) para celebrar contratos de abastecimiento en el Mercado a Término desde el 1° de enero de 2025. Esto significa que los grandes jugadores del sector podrán negociar directamente con demandantes, distribuidores o grandes usuarios, abriendo la puerta a una mayor competencia y, se espera, más inversiones.
Pero no todo es desregulación. La resolución también dispara el costo de la energía no suministrada (CENS), fijándolo en 1.500 USD/MWh a partir del 1° de febrero de 2025. Este valor, que antes se reconocía de forma más laxa, ahora se ajusta bruscamente, con escalones de falla que van desde los 350 USD/MWh hasta los 1.500 USD/MWh. La justificación es clara: incentivar inversiones para garantizar el abastecimiento y penalizar duramente las interrupciones. Para el ciudadano común, esto podría significar que las empresas tendrán un costo mucho mayor por los cortes de luz, lo que debería empujarlas a mejorar el servicio.
Finalmente, se deroga gran parte del "Servicio Energía Plus" (Resolución N° 1.281/2006) a partir del 1° de febrero de 2025, aunque los contratos existentes se mantendrán hasta el 31 de octubre de 2025. Este servicio, que buscaba cubrir el crecimiento de la demanda con generación adicional, fue catalogado como una "limitación para la evolución del mercado". Su eliminación busca generar señales económicas más claras y adaptadas a la realidad actual.
Esta batería de medidas llega en un contexto de emergencia del Sector Eléctrico Nacional, declarada por el Decreto N° 55/2023, y en sintonía con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742. El gobierno argumenta la necesidad de modernizar una infraestructura obsoleta y enfrentar la reducción drástica de importaciones de gas de Bolivia, sumada a la limitada producción local.
"Las modificaciones propiciadas procuran normalizar el funcionamiento del MEM, eliminando restricciones innecesarias para la contratación bilateral, descentralizando la gestión de combustibles y creando incentivos económicos que estimulan la incorporación de nueva capacidad de generación en condiciones competitivas."
En definitiva, la Secretaría de Energía pisa el acelerador hacia un modelo más pro-mercado, con la promesa de atraer inversiones y garantizar un suministro confiable. La gran pregunta es si estos cambios se traducirán en un servicio mejor y más barato para los usuarios, o si el ajuste de costos y tarifas será el precio a pagar por esta "liberación". Los próximos meses serán clave para ver el verdadero impacto de esta revolución energética.
Para estar informado sobre futuras actualizaciones, se recomienda seguir los comunicados oficiales de la Secretaría de Energía y del ENRE, así como los análisis de las cámaras sectoriales.
