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El Gobierno disuelve por decreto el PRODAF, el Fondo del Servicio Universal y el de Vivienda Social, en una jugada audaz para desmantelar la "caja" del Estado. ¿Ahorro o desfinanciamiento vital?
El Presidente Milei, a través del Decreto 6/2025, ha disuelto y derogado las normas de creación de tres fondos fiduciarios públicos de gran relevancia: el Fideicomiso “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), el “FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL” y el “FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL”. Esta medida se enmarca en la controvertida Ley N° 27.742 y la reglamentación del Decreto N° 695/24, que autorizan al Ejecutivo a liquidar estos instrumentos.
La disolución de estos fondos tendrá un impacto brutal en diversos sectores:
El Gobierno justifica estas disoluciones en auditorías de la SIGEN que detectaron "deficiencias" y "falta de fundamentación" en la ejecución de algunos proyectos. Esto es parte de la política de "motosierra" y "desregulación" del Estado, buscando eliminar lo que considera "cajas" políticas y gastos ineficientes. Sin embargo, la Ley N° 27.742 que lo respalda fue muy cuestionada por su constitucionalidad.
Esta es una jugada política y económica de altísimo calibre. Por un lado, el Gobierno busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el manejo de fondos, eliminando estructuras que considera ineficientes o corruptas. Por otro, la eliminación de estos fondos sin un reemplazo claro genera un vacío de financiamiento y política pública en áreas tan sensibles como la agricultura, las telecomunicaciones y la vivienda. La continuidad de la política de Servicio Universal (telecomunicaciones) se mantiene, pero sin el fondo específico, no se detalla cómo se garantizará su financiamiento, lo que genera una enorme incertidumbre. La medida es profundamente pro-mercado y desreguladora, pero con un costo social y de acceso a derechos básicos potencialmente muy alto.
Si sos productor rural, usuario de internet en zonas alejadas o esperabas un plan de vivienda, esta noticia te afecta directamente. Los fondos ya no existirán, y el Gobierno deberá explicar cómo se continuarán (o no) las políticas que estos fondos sostenían. ¡Prepárense para la turbulencia!
