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El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense oficializó una bonificación salarial del 115% sobre el sueldo básico para un director con título universitario. ¿Un premio a la capacitación o un privilegio en tiempos de ajuste?
En medio de la habitual burocracia del Estado, una resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas y las discusiones. Se trata de la Resolución N° 59-MDAGP-2026, que otorga una bonificación del 115% sobre el sueldo básico al Ingeniero Forestal Fabián Alejandro JARAS (DNI N° 24.425.968), quien se desempeña como Director de Sustentabilidad, Riesgos y Emergencias.
Esta medida, efectiva desde el 1 de enero de 2026, se enmarca en el Decreto N° 641/25, que establece el pago de una "Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función" para el personal de la Ley N° 10.430. La bonificación, de carácter mensual, remunerativo y no bonificable, se implementará de forma gradual y progresiva, alcanzando ese impactante 115%.
El expediente detalla que JARAS, designado en un cargo de Planta Permanente sin Estabilidad, cumple con los requisitos, ya que las tareas que realiza en su dirección guardan una adecuada relación con las incumbencias de su título. La resolución destaca que su solicitud se materializa como una excepción a los alcances del artículo 11 del Decreto N° 272/17 E, lo que sugiere una flexibilidad en la aplicación de la normativa.
"Mientras muchos bonaerenses luchan por llegar a fin de mes, algunos funcionarios ven crecer sus ingresos con estas bonificaciones extraordinarias", señaló un economista local.
Para los ciudadanos, esta bonificación puede generar indignación en un contexto económico complejo. Si bien se valora la capacitación y la profesionalización del personal estatal, la magnitud del porcentaje y las excepciones aplicadas pueden ser percibidas como un privilegio en lugar de una justa retribución. La transparencia en la aplicación de estos decretos y la justificación de cada caso particular son fundamentales para evitar la suspicacia y fortalecer la confianza en la administración pública. Este tipo de medidas, aunque legales, siempre estarán bajo la lupa de la opinión pública.
