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Un DNU histórico descentraliza la gestión de rutas nacionales. Nueve provincias podrán concesionar tramos viales por peaje hasta por 30 años, asumiendo la administración, reparación y ampliación. ¿El fin de la burocracia centralizada o el inicio de una nueva era de peajes provinciales?
¡Cambio de timón en la infraestructura vial argentina! El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 253/2026, dio un paso federalista sin precedentes al delegar en nueve provincias la potestad para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz son las jurisdicciones pioneras en esta movida que podría transformar la red vial del país.
Esta delegación de competencias es un verdadero "boom", ya que habilita a las provincias a gestionar directamente la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de estas arterias vitales. Podrán aprobar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos, con plazos que pueden extenderse hasta por treinta años. ¡Una autonomía impensada hasta ahora!
Sin embargo, no todo es carta blanca. El Estado Nacional mantiene la titularidad del dominio público y la jurisdicción federal sobre las rutas, y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejercerá un rol de supervisión y auditoría. Las provincias deberán firmar convenios con la DNV, presentando planes de obras, fuentes de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión, incluyendo el peaje máximo proyectado. Estos convenios, además, deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, asegurando un control central sobre las grandes líneas.
La medida busca "fortalecer el régimen federal" y "descentralizar funciones operativas", en línea con la Ley de Bases. Es un intento por mejorar la gestión de la infraestructura, fomentar la inversión privada y reducir la carga sobre el Tesoro Nacional. Pero la letra chica también advierte: si una provincia no convoca la licitación en un año o no firma el contrato en 90 días hábiles, la delegación decae. Y el Ministerio de Economía puede reasumir la competencia "cuando razones de interés público lo exijan".
"Este decreto es un giro radical en la forma de gestionar nuestras rutas. Podría significar una mejora sustancial en la infraestructura local, pero también abre la puerta a la disparidad de peajes y a la necesidad de una fiscalización nacional férrea para evitar abusos o desequilibrios", advierten expertos en transporte. Para el ciudadano común, esto significa que el estado de las rutas y el costo de los peajes dependerán, en gran medida, de la gestión provincial. ¡A estar atentos!
