¡Caos Portuario! El Estado Patina con la Nueva Agencia y Prolonga el Intervencionismo

El Ministerio de Economía ha tirado la toalla, al menos por ahora, en su intento de poner en marcha plenamente la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Una resolución explosiva, la 1548/2025, prorroga la "encomendación" a la ya disuelta Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU). Esto significa que la AGP SAU, que supuestamente está en liquidación, deberá seguir al frente de asuntos críticos como la administración de bienes, recursos, derechos y obligaciones en transferencia, y el seguimiento de contratos en ejecución.

¿Qué hay detrás de esta prórroga?

La resolución es clara: la ANPYN, creada por decreto 3/2025, aún no está "totalmente operativa". Argumentan que la nueva agencia se encuentra en la "etapa final de aprobación de los distintos niveles de su estructura organizativa" y en "plena integración", lo que le impide asumir sus nuevas y mayores responsabilidades, incluyendo la habilitación de puertos y la gestión ambiental.

Objetivos Explosivos

Pero lo más impactante es la modificación del Artículo 3° de la Resolución 21/2025. Ahora, la AGP SAU deberá:

• Llevar a cabo el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. ¡Una tarea titánica en manos de un ente en liquidación!
• Finalizar el proceso de relevamiento de espacios portuarios y regularizar su título de uso.
• Cumplir con la unificación de las concesiones de las Terminales Nros. 1, 2 y 3 de Puerto Nuevo – Buenos Aires en una única concesión.

¿Continuidad o Ineficacia?

Esta prórroga, que el gobierno justifica por la "pericia técnica especializada" de la AGP SAU, expone una fuerte contradicción en la gestión. Por un lado, se disuelve un organismo para crear uno nuevo, supuestamente más eficiente y "pro-mercado". Por otro, el organismo disuelto debe seguir operando por la incapacidad del nuevo de asumir sus funciones. Esto genera incertidumbre en el sector portuario y de la navegación, crucial para el comercio exterior argentino.

El mensaje es claro: el Estado sigue interviniendo activamente en un sector clave, mientras la "transformación" prometida parece demorarse indefinidamente.