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El Ministerio de Capital Humano modificó las incompatibilidades del Programa de Acompañamiento Social, especificando que no podrán acceder al beneficio quienes sean prófugos, estén detenidos o cumplan condena penal.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 209/2026, introdujo una modificación en los Lineamientos Generales y Operativos del Programa de Acompañamiento Social, endureciendo los criterios de compatibilidad e incompatibilidad. La medida actualiza el apartado “Situación Penal” del programa, dejando en claro quiénes no podrán acceder a este beneficio social.
La resolución sustituye el apartado VII “Situación Penal” del artículo 9°, Título IV “COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES” del Anexo II del programa. A partir de ahora, se establece explícitamente que no podrán ser beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social quienes se encuentren en las siguientes situaciones:
Estas condiciones ya habían sido incorporadas parcialmente en resoluciones anteriores (como la Resolución N° 202/25), pero la nueva normativa busca unificar e integrar estos criterios para una aplicación más clara y consistente.
El Programa de Acompañamiento Social, creado por el Decreto N° 198/2024, tiene como objetivo promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social. La modificación responde a la intención de asegurar que los recursos del programa sean destinados a quienes genuinamente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y no tienen impedimentos legales que justifiquen su exclusión.
La decisión del Ministerio de Capital Humano refleja un esfuerzo por revisar y ajustar los padrones de beneficiarios de programas sociales, buscando mayor eficiencia y transparencia en la asignación de los fondos públicos. Al establecer de forma inequívoca estas incompatibilidades, se busca evitar que personas con situaciones legales comprometidas accedan a subsidios destinados a la población más vulnerable.
Para los ciudadanos comunes, esta medida significa una clarificación sobre los criterios de elegibilidad y la reafirmación de que los programas sociales están diseñados para un fin específico, excluyendo a quienes, por su situación penal, no se encuadran en los objetivos de asistencia y promoción social. Es una señal de mayor control y rigor en la gestión de los recursos destinados a la asistencia social.
