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El Gobierno ratificó la situación de disponibilidad de cinco agentes de planta permanente del ex Ministerio de Desarrollo Social tras la reestructuración de áreas. Se agota la vía administrativa para los afectados.
Los Decretos 417/2026, 414/2026, 416/2026, 415/2026 y 413/2026 confirman el rechazo a los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuestos por María Valeria TRAPANI, Matías Damián PITTALA, María Celeste GRENADA, María José MILLA y María Angélica ERRAPAN. Estos agentes, todos con cargos de planta permanente, fueron pasados a situación de disponibilidad por la Resolución del Ministerio de Capital Humano N° 126/25, como resultado de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto N° 151/25.
Los recurrentes argumentaron que los actos administrativos eran ilegítimos, inválidos e inconstitucionales, citando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la falta de motivación suficiente en las decisiones. Además, solicitaron su reubicación en otras áreas de la Administración Pública Nacional.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, basándose en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación y en informes de la Oficina Nacional de Empleo Público, sostuvo que no le corresponde pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes. También indicó que la falta de motivación no se observa, ya que los agentes prestaban servicios en áreas que fueron suprimidas por el Decreto N° 151/25, y que el régimen de disponibilidad aplicado se ajusta a derecho.
Implicaciones de la medida: Con la firma de estos decretos, queda agotada la vía administrativa para los agentes involucrados. Esto significa que los afectados tienen la posibilidad de iniciar acciones judiciales, para lo cual disponen de un plazo de 180 días hábiles judiciales contados a partir de la notificación de la presente medida.
Para los empleados públicos, esta decisión ratifica las políticas de reestructuración y la aplicación del régimen de disponibilidad. Para el Estado, representa la consolidación de su postura en el marco de la reorganización de la estructura ministerial, reafirmando la legalidad de los procedimientos aplicados en estos casos específicos.
Esta serie de rechazos sienta un precedente sobre cómo la Administración Pública Nacional está gestionando las reestructuraciones y las situaciones de disponibilidad de su personal, en un contexto de búsqueda de mayor eficiencia y optimización de recursos. Los ciudadanos deben estar atentos a las posibles acciones judiciales que puedan derivarse de estas decisiones, ya que podrían generar jurisprudencia relevante para futuros casos de reorganización estatal.
