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En una movida estratégica de fin de año, el Ministerio de Economía, bajo la batuta de Luis Caputo, oficializó una serie de designaciones y prórrogas transitorias, consolidando su poder y reorganizando el personal de áreas heredadas de ministerios disueltos. La polémica se enciende por las "autorizaciones excepcionales" que permiten nombramientos sin los requisitos mínimos.
El Boletín Oficial del 3 de enero de 2025 reveló una verdadera ráfaga de resoluciones del Ministerio de Economía, firmadas por Luis Caputo el 31 de diciembre de 2024. Estas medidas no son un mero trámite administrativo, sino un claro reflejo de la profunda reestructuración estatal que está llevando adelante el gobierno, con el Ministerio de Economía absorbiendo las funciones y el personal de ex carteras como Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Territorial y Hábitat, Infraestructura y Desarrollo Productivo.
Las resoluciones 1467/2024, 1468/2024, 1471/2024, 1472/2024, 1473/2024, 1476/2024, 1480/2024 y 1481/2024, todas del Ministerio de Economía, prorrogan o designan transitoriamente a una docena de funcionarios por un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles. Esto significa que, en un contexto de austeridad y supuesta "desregulación", el Estado sigue necesitando personal, pero opta por la precariedad de los contratos temporales en vez de concursos transparentes.
Entre los nombres que se suman o prolongan su estadía, encontramos a:
Lo más llamativo y potencialmente controversial es que la mayoría de estas designaciones se realizan con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. En el caso de Carbajal, incluso se suma una excepción al inciso f del artículo 5° de la Ley 25.164. Esto abre el interrogante sobre la idoneidad de los perfiles elegidos y si se están privilegiando los vínculos políticos por encima de la experiencia y formación requeridas para cargos de alta responsabilidad.
"Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran realizadas las respectivas prórrogas de designaciones transitorias."
Estas medidas, amparadas en el Decreto 958/2024 que faculta a los ministros a realizar estas designaciones, muestran un intento del Gobierno de mantener la operatividad del Estado mientras se define una estructura definitiva. Sin embargo, la constante referencia a la Ley de Presupuesto 27.701 (prorrogada de 2023) y la necesidad de cubrir cargos "vacantes y financiados" evidencia la continuidad de una burocracia estatal que, pese al discurso desregulador, sigue funcionando con sus propias reglas y excepciones. Para el ciudadano común, esto significa una administración en constante reorganización, con la incertidumbre de si estas designaciones temporales redundarán en una mejora o una ralentización de los servicios.
