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La Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires lanza una serie de convocatorias internas para cubrir puestos jerárquicos clave, generando movimiento en la burocracia estatal y abriendo interrogantes sobre la meritocracia y la transparencia en la gestión pública.
La Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha una serie de procesos de selección para cubrir importantes cargos interinos dentro de su estructura. Varias resoluciones (N° 28, N° 30, N° 31 y N° 32-SGG-2026) y un decreto (N° 2930/04, que inicia el llamado a un puesto específico) detallan las convocatorias para puestos de Subdirector/a y Jefe/a de Departamento, abriendo la puerta a ascensos para el personal de planta permanente.
Entre los cargos más destacados se encuentran:
Todos estos procesos se rigen por el "Reglamento de Proceso de Selección de Personal para la cobertura interina de cargos con asignación de funciones jerarquizadas de Jefe/a de Departamento y Subdirector/a", aprobado por el Decreto N° 24/24. Este marco busca estandarizar y dar un toque de formalidad a las selecciones internas, detallando los perfiles de los puestos, la conformación de las Unidades Técnicas de Selección (UTS) y toda la información de la convocatoria, desde los plazos de inscripción hasta los contenidos a evaluar.
Para el personal de planta permanente, estas convocatorias representan una oportunidad dorada para crecer dentro de la administración pública. La Secretaría General argumenta que estos movimientos son indispensables para "promover la carrera administrativa" y "mejorar el funcionamiento y las actividades" de sus dependencias. Sin embargo, la naturaleza interina de los cargos siempre genera debate: ¿Son verdaderas oportunidades de desarrollo o mecanismos para mantener la flexibilidad política en los nombramientos? La transparencia en la conformación de las UTS y en la evaluación de los postulantes será crucial para legitimar estos procesos.
La ciudadanía, por su parte, debería exigir que estas reestructuraciones internas se traduzcan en una administración pública más eficiente y profesional, y no solo en un recambio de nombres en los despachos. La Ley N° 10.430, que rige el empleo público provincial, es el paraguas legal que debe garantizar la equidad en estos concursos. Estaremos atentos a los resultados para ver si la promesa de mejora se cumple.
