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En un nuevo golpe a los medios y un guiño a la austeridad, la Secretaría de Comunicación y Medios extiende por un año la suspensión de campañas de publicidad onerosas. ¿Ahorro o asfixia informativa?
¡Temblan los medios y se ajusta el cinturón el Estado! La Secretaría de Comunicación y Medios ha emitido la Resolución 7147/2024, prorrogando por un año más la polémica suspensión de las campañas institucionales de publicidad y comunicación con carácter oneroso por parte de la Administración Central. Esta medida, que ya había sido impuesta por el Decreto N° 89/2023, se extiende en un contexto de "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética", declarada por la Ley N° 27.742.
El Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de "profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos". La idea es reducir el gasto y evitar un "sobredimensionamiento de la estructura y de las actividades del ESTADO NACIONAL". En otras palabras, la motosierra sigue cortando, y la publicidad oficial es una de sus víctimas.
Los contribuyentes podrían ver esto como una buena noticia, ya que se espera un ahorro significativo en las arcas del Estado. Sin embargo, para la industria de los medios de comunicación y las agencias de publicidad, es un golpe durísimo. Muchos dependen de la pauta oficial y esta prórroga significa un año más de ingresos restringidos.
Además, surge la pregunta crucial: ¿cómo se informará a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno y las políticas públicas sin publicidad paga? La medida podría limitar la difusión de información de interés público, generando un vacío que podría ser llenado por la desinformación. Es un equilibrio delicado entre la austeridad y la transparencia informativa en un país en emergencia.
