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En un contexto económico *caliente*, el Ministerio de Economía bonaerense ajusta el valor de la URC a $937, impactando directamente en los honorarios de los consultores individuales. ¿Gasto necesario o privilegio en tiempos difíciles?
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Economía, acaba de dar un golpe en la mesa con la Resolución N° 216-MECONGP-2026, que fija un nuevo valor para la Unidad Retributiva de Contratación (URC). Desde el 1° de abril de 2026, los servicios de consultoría individual que se certifiquen en el marco del Decreto N° 1299/16 se pagarán a razón de $937 por URC.
La URC es, básicamente, la unidad de medida que utiliza la provincia para pagar los honorarios de sus consultores. Creada por el Decreto N° 734/24, esta unidad busca estandarizar las contraprestaciones por servicios especializados. La resolución anterior, la N° 58/26, había establecido un valor que, según el propio Ministerio, quedó obsoleto debido al "contexto económico existente en la República Argentina". En criollo: la inflación se comió el valor anterior y los consultores necesitaban una actualización.
Este ajuste, firmado por el Ministro Pablo Julio López, busca "garantizar la razonabilidad de las contraprestaciones", lo que implica que el Estado bonaerense pagará más por los servicios de asesoramiento externo. Para los consultores individuales, esto representa un alivio y un reconocimiento a la devaluación de sus ingresos. Para el contribuyente, es una nueva erogación en el presupuesto provincial que, aunque justificada por la inflación, siempre genera debate sobre la eficiencia del gasto público en consultorías externas.
"Dado el contexto económico existente en la República Argentina, deviene necesario actualizar el valor de la URC a los efectos de garantizar la razonabilidad de las contraprestaciones a abonar por los Contratos de Consultoría Individual..."
Esta medida, que contó con el aval de Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, es un claro ejemplo de cómo la dinámica inflacionaria impacta en todos los niveles de la administración pública. Seguiremos de cerca cómo esta decisión se traduce en el gasto real y si realmente los servicios contratados justifican este incremento. ¿Se viene una ola de nuevos contratos o es solo un ajuste a la realidad de los que ya están?
