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El Presidente Milei autoriza por Decreto de Necesidad y Urgencia el envío de la Fuerza Aérea a un ejercicio en Brasil, ante la 'demora' del Congreso. ¿Un atajo constitucional para la defensa o una muestra de la fragilidad legislativa?
En un movimiento que no pasará desapercibido, el Poder Ejecutivo Nacional ha recurrido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar la salida de tropas argentinas del territorio nacional. Se trata de la participación de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en el ejercicio “COOPERACIÓN XI” en Campo Grande, Brasil, entre el 15 y el 28 de marzo de 2026.
La particularidad de esta decisión radica en que el Proyecto de Ley anual para autorizar estos ejercicios combinados, que debería haber sido tratado por el Honorable Congreso de la Nación, aún no ha obtenido despacho en la Cámara de Diputados. Ante esta "naturaleza excepcional de la situación" y la proximidad de la fecha del ejercicio, que tiene un fin de ayuda humanitaria y asistencia en catástrofes, el Gobierno optó por la vía del DNU, invocando el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
El ejercicio “COOPERACIÓN XI” es presentado como crucial para el fortalecimiento de las capacidades operativas combinadas en escenarios de catástrofe, la interoperabilidad con otras nueve naciones y el prestigio internacional de Argentina. Sin embargo, la utilización de un DNU para una cuestión que, por ley (Ley N° 25.880), requiere la aprobación legislativa, abre un debate sobre los límites de las facultades presidenciales y el rol del Congreso.
"El uso de un DNU para este fin, aunque justificado por la urgencia de la fecha y la importancia del ejercicio, sienta un precedente preocupante si se convierte en una práctica habitual para saltear los tiempos legislativos," comentó un constitucionalista. "La Constitución es clara en cuanto a quién autoriza la salida de tropas."
Para el ciudadano, este decreto significa que la Fuerza Aérea Argentina continuará su entrenamiento y cooperación internacional en misiones críticas, pero también plantea interrogantes sobre la salud institucional del país y la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mantenerse informado sobre el tratamiento de este DNU por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso será clave para entender las implicaciones a largo plazo.
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