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El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a varias empresas e individuos por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, ¡con riesgo inminente de ser declarados en rebeldía!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se anda con chiquitas cuando se trata de la Ley del Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359). En una serie de Avisos Oficiales que son un verdadero llamado de atención para el sector empresarial y los particulares, la entidad monetaria cita y emplaza a varias firmas y personas físicas para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. ¡Aquí no hay lugar para excusas!
Entre los citados figuran la empresa GALENO SUPPLY SA (CUIT 30-71746134-3) y la señora Romina Mabel PAYES (DNI 27.486.725), ambos en el Sumario 8341. También está bajo la lupa José Medardo Palacios Ruiz Diaz (CUIT 20-93441343-2) por el Sumario 8347. La agropecuaria AGRO DON MARIO SA (CUIT 33-71669218-9) es otra de las firmas en la mira, involucrada en el Sumario 8308. Además, se suman Federico MARTÍNEZ (DNI 35.955.808) y Mariano Leonel ESCUDERO (DNI 28.483.313) por el Sumario 8447, y la empresa CC Creative Design S.R.L (CUIT 30-71670622-9) junto a Marcelo Julio Genuardi (DNI 16.557.528) por el Sumario 8413.
Todos ellos tienen un plazo fatal de 10 (diez) días hábiles bancarios para presentarse en las oficinas del BCRA en Reconquista N° 266, CABA. El apercibimiento es claro y contundente: si no comparecen, se declarará su rebeldía. Esto no es un simple formalismo; la rebeldía en un sumario cambiario puede acarrear graves consecuencias legales y económicas para los involucrados, desde multas millonarias hasta inhabilitaciones y posibles derivaciones penales.
"El BCRA está enviando un mensaje claro: las operaciones cambiarias irregulares no quedarán impunes y la vigilancia sobre el mercado es implacable", afirmó una fuente cercana al organismo.
Estas citaciones, publicadas por 5 días en el Boletín Oficial, son el primer paso en procesos que pueden derivar en sanciones severas. Para las empresas y particulares, es un recordatorio severo de la estricta vigilancia del BCRA sobre el mercado de cambios, y la necesidad de operar dentro de la normativa para evitar dolores de cabeza y pérdidas económicas.
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