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Una Decisión Administrativa clave reconfigura el presupuesto nacional, inyectando fondos a la Justicia y el Ministerio Público, y moviendo partidas en Economía, Defensa y Seguridad. En un año de Presupuesto 2023 prorrogado, el Gobierno busca atender gastos "imposteragables". ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este ajuste de fin de año?
En medio de la tensa situación económica, el Gobierno acaba de publicar la Decisión Administrativa 1022/2024, una verdadera radiografía de las prioridades presupuestarias de fin de año. Firmada por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el Ministro de Economía Luis Caputo, esta medida modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024 (que, recordemos, es el de 2023 prorrogado) para "afrontar gastos impostergables".
Los grandes beneficiados son el Poder Judicial (Consejo de la Magistratura y Corte Suprema) y el Ministerio Público (Procuración y Defensoría General), que reciben refuerzos presupuestarios principalmente para gastos salariales. Esto es un claro intento de descomprimir tensiones en un sector clave del Estado, que venía reclamando por la actualización de sus ingresos.
Pero el movimiento de fondos no termina ahí. También se refuerzan partidas en el Ministerio de Economía, el INIDEP (pesca), el Estado Mayor General de la Armada y la Prefectura Naval Argentina, con recursos del Fondo Nacional Pesquero. Se prevé un incremento para cubrir un embargo judicial en Infraestructura Económica y Social y una cesión de créditos del INTI a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI) para proyectos específicos.
Además, se compensan créditos dentro del SENASA y se incrementa el presupuesto de la ANSeS para reflejar operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Finalmente, se adecuan créditos para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Esta decisión muestra la complejidad de gestionar un presupuesto prorrogado y la necesidad de realizar ajustes quirúrgicos para mantener el funcionamiento del Estado. Es un equilibrio delicado entre la austeridad prometida y la realidad de los gastos "impostergables", que impacta en la administración pública, la justicia, la seguridad y la investigación. Los ciudadanos, atentos a cada movimiento de la caja del Estado.
