Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno le bajó el pulgar a PERCLES S.A. y ratificó la rescisión parcial de un contrato de indumentaria militar por $151 millones, ejecutando una garantía de casi $79 millones y aplicando una multa de casi $8 millones por incumplimiento. Agotada la vía administrativa, ¿se viene la guerra judicial?
¡GOLPE BAJO EN DEFENSA! El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1099/2024, le bajó el pulgar a PERCLES S.A., ratificando la rescisión parcial de un contrato millonario para la provisión de vestuario a las Fuerzas Armadas. La decisión, firmada por el Presidente y el Ministro de Defensa, Luis Petri, agota la vía administrativa para la empresa, que ahora enfrenta un futuro incierto.
El conflicto se originó en una Licitación Pública (N° 1/2021) donde PERCLES S.A. (CUIT N° 30-65912416-1) había sido adjudicada con renglones por más de $151 millones para indumentaria militar. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, mediante la Resolución N° 1432/2023, decidió rescindir parcialmente la Orden de Compra N° 340/1-1082-OC21 por culpa de la empresa.
Las consecuencias fueron inmediatas: se ordenó ejecutar una garantía por pago anticipado de casi $79 millones y se aplicó una penalidad de cerca de $8 millones por las prendas no entregadas. La firma intentó apelar esta decisión a través de recursos administrativos, pero fueron rechazados uno tras otro.
El corazón del problema fue el incumplimiento de los plazos. PERCLES S.A. debía entregar el vestuario en 230 días, fecha límite que expiró el 9 de mayo de 2022. A pesar de las alegaciones de la empresa sobre caso fortuito o fuerza mayor, el Gobierno fue inflexible. Se enfatizó que la presentación de una oferta implica el "pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas" que rigen el proceso de selección.
"La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente…"
Este decreto no solo confirma las duras penalidades, sino que envía un mensaje contundente a todas las empresas que aspiran a contratar con el Estado: el cumplimiento estricto es fundamental. Para el ciudadano común, esta resolución es un ejemplo de cómo el Estado busca proteger los fondos públicos y asegurar que los recursos destinados a áreas críticas, como la defensa, se gestionen con la máxima responsabilidad. La vía administrativa está cerrada, ¿se abre ahora la judicial? Los interesados pueden seguir el desarrollo de estas causas en los registros judiciales si la empresa decide escalar el conflicto.
