Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía designó a dos nuevos directores con *autorización excepcional* por no cumplir los requisitos mínimos de sus cargos. ¿Es una señal de desprolijidad administrativa o una flexibilización estratégica del gobierno? La polémica está servida.
¡Alerta en la Administración Pública! El Ministerio de Economía, bajo la firma del ministro Luis Caputo, volvió a encender la polémica al designar a dos funcionarios clave con una particularidad explosiva: no cumplen con los requisitos mínimos para sus cargos. Las Resoluciones 1403/2024 y 1405/2024 oficializan estos nombramientos transitorios, pero con una 'autorización excepcional' que genera ruido.
El Licenciado en Administración de Empresas Marcos Juan Larralde (DNI 33.780.271) fue designado transitoriamente como Director de Registro y Matriculación Agropecuaria en la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por su parte, el Licenciado en Comercio Internacional Manuel Gayoso (DNI 36.272.995) asumirá como Director de Exportaciones en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio. Ambos nombramientos son por 180 días hábiles.
La controversia radica en que, para ambos casos, la propia resolución admite que “no reúnen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”. Esta cláusula, pensada para asegurar la idoneidad y experiencia de los funcionarios, ha sido sorteada con una excepción.
Más allá de los nombres, la situación plantea serias preguntas sobre la transparencia y la meritocracia en la gestión pública. Mientras el gobierno promueve la "transformación del Estado" y la eficiencia, estas designaciones "a dedo" sin el cumplimiento de los perfiles requeridos pueden generar desconfianza y críticas sobre la calidad de la administración. Es un recordatorio de que, incluso en un contexto de cambio, las formas y el respeto por los marcos normativos son esenciales. Los ciudadanos comunes deben estar atentos a cómo estas decisiones impactan en la eficacia de las áreas sensibles del Estado.