¡Escándalo en el asociativismo! INAES barre con más de diez entidades

El Boletín Oficial de hoy revela una serie de medidas drásticas impulsadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En un movimiento que genera gran revuelo en el sector, el organismo decidió arremeter contra diez entidades asociativas, entre mutuales y cooperativas, distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentino.

La Guadaña del INAES: ¿Qué pasó exactamente?

Las resoluciones publicadas por INAES incluyen:

• Cancelación de inscripción: Esta es la medida más recurrente, afectando a entidades como la ASOCIACIÓN MUTUAL PRESENTE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL CENTRO PARQUE SAN MARTÍN (Merlo, Buenos Aires), la COOPERATIVA DE CONSUMO, VIVIENDA Y PROVISIÓN AMPOC LIMITADA (C.A.B.A.), la COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS GENERALES EL FUTURO LIMITADA (Caleta Olivia, Santa Cruz), y un trío de cooperativas catamarqueñas: PERLA DE ANDALGALA LIMITADA, CO.PRO.FAR.CA LIMITADA y PARA MATARIFES CARNICEROS Y ABASTECEDORES DE RECREO LIMITADA. La cancelación implica la pérdida de su matrícula y, con ello, la imposibilidad de operar legalmente.
• Retiro de autorización para funcionar: Esta sanción, aún más severa, impacta a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO COVINCO LIMITADA (C.A.B.A.) y a la COOPERATIVA DE TRABAJO “UNION DEL MERCOSUR” LIMITADA (C.A.B.A.). Para estas entidades, la puerta se cierra de golpe, impidiéndoles continuar sus actividades.
• Disposición de Liquidación Extrajudicial: La ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIO EMPLEADOS PLÁSTICOS (Las Varillas, Córdoba) enfrenta este proceso, que implica el cese de sus operaciones y la venta de sus activos para saldar deudas. En el caso de la ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL DE COPARTICIPACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE BIENES, VIVIENDA, CONSUMO Y AFINES, se da por concluida su liquidación y se cancela su matrícula.

El Contexto: ¿Una Limpieza en la Economía Social?

Si bien los avisos no detallan las razones específicas detrás de cada medida, estas acciones suelen responder a de la normativa vigente, falta de presentación de balances, irregularidades administrativas o desvío de los fines sociales. La podría interpretarse como una señal clara de un endurecimiento en la fiscalización del sector, buscando mayor transparencia y orden en un ámbito que históricamente ha sido vital para muchos argentinos.