¡ESCÁNDALO EN LA JUSTICIA! Argentina Condenada por la Corte Interamericana

Un duro revés para el sistema judicial y penitenciario argentino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado una sentencia contundente el 2 de julio de 2025, declarando al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación de múltiples derechos humanos en el Caso Lynn vs. Argentina.

El fallo se centra en el caso de Guillermo Patricio Lynn, quien en el año 2000, mientras cumplía una condena en una prisión bonaerense, fue sometido a un procedimiento disciplinario viciado. La Corte IDH determinó que se le revocó arbitrariamente el beneficio de salidas transitorias y se le retrogradó en el régimen de progresividad de la pena, todo ello sin las garantías mínimas del debido proceso.

Las fallas del sistema, al descubierto:

• Defensa nula: Lynn no tuvo el tiempo ni los medios adecuados para preparar su defensa, ni acceso a su abogada defensora pública. Fue notificado y compareció ante el director del centro penitenciario en cuestión de minutos, sin posibilidad real de rebatir la acusación de 'estado de ebriedad'.
• Decisiones sin fundamento: La sanción y la retrogradación en el régimen no tuvieron una motivación clara ni proporcional, trasladando a la víctima la carga de demostrar su inocencia.
• Justicia ineficaz: Los recursos judiciales internos presentados por Lynn y su defensa fueron rechazados con criterios excesivamente formalistas, sin un control judicial efectivo sobre la actuación penitenciaria.

Argentina reconoció su responsabilidad, un gesto valorado por la Corte, pero que no exime de las consecuencias. Como medidas de reparación, el Estado deberá:

• Publicar el resumen de la sentencia en el Diario Oficial y en un medio de amplia circulación nacional.
• Difundir la sentencia completa en los sitios web y redes sociales del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema y el Servicio Penitenciario Federal.
• Implementar un plan de capacitación permanente y obligatorio sobre estándares de derechos humanos para funcionarios penitenciarios y jueces de ejecución penal.
• Pagar una indemnización compensatoria por daño inmaterial.

Este fallo no es solo una condena, es un severo llamado de atención sobre la necesidad imperiosa de reformar prácticas y garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos en el ámbito penitenciario. La sociedad civil deberá estar atenta a la implementación de estas medidas para asegurar que esta sentencia no quede en letra muerta y se convierta en un verdadero cambio.