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El Gobierno declara 'caducas' casi 7.000 órdenes de publicidad de la era anterior por falta de papeles, dejando un agujero financiero monumental para los proveedores. ¿Ajuste o guerra contra los medios?
Un verdadero bombazo financiero acaba de sacudir el mundo de los medios y la publicidad en Argentina. La Secretaría de Comunicación y Medios, bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, ha emitido la Resolución 858/2025, declarando la caducidad de seis mil novecientas setenta (6970) órdenes de publicidad que datan de 2020 a 2024.
La razón es contundente y lapidaria: los proveedores no presentaron la documentación necesaria para hacer efectivo el pago o no subsanaron errores tras las intimaciones. El monto total de estas órdenes caducas es de ¡$1.129.625.480,15 pesos! Una cifra estratosférica que ahora se esfuma del presupuesto de los medios y agencias que prestaron servicios de publicidad oficial.
Esta medida, que entra en vigencia con su publicación, es un claro reflejo de la política de austeridad y 'desregulación' del actual gobierno, que busca cortar de raíz gastos que considera ineficientes o irregulares. Si bien desde el Estado se argumenta que la inacción es atribuible exclusivamente a la responsabilidad de los proveedores, el impacto en la industria mediática es devastador. Para muchos, esto representa no solo una pérdida económica gigantesca, sino también un mensaje político fuerte sobre la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. ¿Es una purga necesaria para sanear las cuentas públicas o una jugada de ajedrez en la guerra por la narrativa? Lo cierto es que miles de millones de pesos quedan en el limbo, y el sector privado se ve obligado a asumir una pérdida monumental por trámites que, a ojos del Estado, no se cumplieron.