¡Escándalo en la Secretaría General! Cambios y excepciones en el personal

La Secretaría General de la Presidencia, bajo la lupa por dos resoluciones que muestran la dinámica interna de la burocracia estatal.

El ascenso de un abogado y la paradoja de una prórroga

• Resolución 131/2026: Se aprobó el cambio de nivel y agrupamiento escalafonario para el abogado Eduardo Martín CAÑETE (CUIL Nº 20-27853727-8), quien pasa de Nivel E, Grado 2 a Nivel D, Grado 2, dentro del Agrupamiento Profesional del SINEP. Este movimiento implica una mejora en su posición y una redefinición de su rol dentro de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Como contrapartida, se le deja de abonar una compensación transitoria que recibía anteriormente.
• Resolución 130/2026: Aún más llamativa, se prorrogó por 180 días hábiles la designación transitoria de la Contadora Pública María Celeste VISSER (D.N.I. Nº 23.568.251) como Supervisora de Auditoría Operativa. Lo que enciende las alarmas es que esta prórroga se realiza con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. Si bien se aclara que el cargo deberá ser cubierto definitivamente en ese plazo, la excepción sienta un precedente sobre la flexibilización de las normativas de idoneidad.

¿Discrecionalidad o eficiencia?

Estos movimientos, aunque rutinarios en apariencia, revelan la tensión entre la meritocracia y la flexibilidad administrativa. Mientras un agente avanza en su carrera, otro mantiene un puesto clave de auditoría sin cumplir los requisitos formales, lo que podría generar suspicacias sobre la transparencia y la rigurosidad en la selección de personal en áreas sensibles del Estado. La ciudadanía debería preguntarse si estas "excepciones" son la norma o la excepción real. Es fundamental que la administración pública garantice la idoneidad de sus funcionarios, especialmente en roles de control.