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El gobierno bonaerense ajusta los precios de contratos de viandas por inflación, beneficiando a tres grandes empresas. ¿Es una medida necesaria o un salvavidas para ciertos proveedores en medio de la crisis?
En un movimiento que genera polémica, la Oficina de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires (OPCGP) autorizó la revisión de precios para los contratos de viandas y otros servicios, beneficiando directamente a las empresas ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., BELCLAU S.A. y FREEDOM FOOD COMPANY S.A. La Resolución N° 20-OPCGP-2026 justifica esta medida por las variaciones inflacionarias, utilizando el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) del INDEC en la categoría “Alimentos y bebidas”.
El ajuste se dispara cuando las variaciones superan el 5% previsto en el pliego de bases y condiciones. Esto significa que el costo de las viandas para el Estado provincial aumentará, impactando directamente en el presupuesto público y, en última instancia, en los bolsillos de los contribuyentes. Mientras las empresas celebran poder mantener su rentabilidad en un contexto económico volátil, la opinión pública se pregunta si estos ajustes son siempre transparentes y justos.
La Dirección Provincial de Compra Centralizada y Convenios Marco, junto con la Dirección Provincial de Análisis Económico Financiero, intervinieron en el proceso, que culminó con la aprobación de los nuevos precios unitarios. Este tipo de medidas, aunque necesarias para asegurar la continuidad de los servicios en un país con alta inflación, siempre encienden las alarmas sobre el control del gasto público y la relación entre el Estado y sus proveedores estratégicos. Es fundamental que los ciudadanos exijan transparencia y eficiencia en cada peso invertido.
