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Una oleada de resoluciones en el Boletín Oficial desnuda un patrón preocupante: el Ejecutivo designa a más de media docena de funcionarios clave en la Jefatura de Gabinete y sus áreas, muchos 'por excepción' y sin cumplir requisitos, encendiendo alarmas sobre la meritocracia y la transparencia en la administración pública.
El Boletín Oficial ha sido testigo de un desembarco masivo y acelerado de funcionarios en la Jefatura de Gabinete de Ministros y sus dependencias, incluyendo la flamante Vicejefatura de Gabinete del Interior. Lo que llama poderosamente la atención es que todas estas designaciones son de carácter transitorio y, en la mayoría de los casos, con 'carácter de excepción' respecto a las normativas vigentes del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Entre los nombres que ahora ocupan cargos estratégicos, encontramos a:
Todas estas designaciones se amparan en el Decreto N° 958/24, que faculta al Jefe de Gabinete y Vicejefes a realizar nombramientos transitorios. Sin embargo, la constante referencia al 'carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP' es el punto más candente. Este artículo establece los requisitos mínimos para el ingreso y promoción en la carrera administrativa, y su omisión, aunque legalmente permitida de forma transitoria, genera un manto de duda sobre la idoneidad y la búsqueda de los perfiles más calificados.
El Gobierno, que prometió una reorganización y achicamiento del Estado, parece estar llenando casilleros con velocidad, pero sacrificando la rigurosidad en la selección. La pregunta que flota en el aire es: ¿Son estas designaciones una solución de emergencia o una puerta abierta a la discrecionalidad en la gestión de personal?
Cada resolución establece un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles, contados desde la fecha de su designación, para que los cargos sean cubiertos mediante los procesos de selección permanentes. Este es el reloj de arena que marcará si estas designaciones 'a dedo' se convierten en permanentes o si el Estado busca la vía de la concursabilidad. Para el ciudadano de a pie, es clave entender que estas movidas internas impactan directamente en la eficiencia y la calidad de los servicios que brinda la Administración Pública.