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La Comisión Nacional de Trabajo Agrario sacudió el tablero con una batería de resoluciones que impactan directo en los sueldos de miles de trabajadores rurales. Desde cosechadores de pimiento hasta maquinistas, ¡todos con ajustes y un controversial aporte solidario que calienta la discusión!
¡EXPLOSIÓN SALARIAL EN EL CAMPO ARGENTINO! La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) ha desatado un tsunami de resoluciones que impactan directamente en el bolsillo de miles de trabajadores rurales en todo el país. Con vigencia mayormente a partir de diciembre de 2025, y en algunos casos desde noviembre, se fijaron nuevas remuneraciones mínimas para una vasta gama de actividades, desde la cosecha de pimiento en Cuyo, pasando por el personal de criaderos porcinos a nivel nacional, los tractoristas y maquinistas de cosechadoras (incluyendo arroz), y los aplicadores de fitosanitarios en todo el territorio. Incluso se dictaron ajustes específicos para la empresa ALAMBRAR de Walter Boris STINGL (DNI 16.001.987) en Chubut y Santa Cruz. Estos incrementos, con vigencias escalonadas hasta mediados de 2026, buscan dar un respiro a los trabajadores frente a la escalada inflacionaria.
Una de las joyas de estas normativas es la creación de un ADICIONAL POR INSERCIÓN Y TERMINALIDAD EDUCATIVA para trabajadores permanentes de Mendoza y San Juan. Quienes acrediten título secundario recibirán $60.602,40 y por terciario, $75.753,00, un reconocimiento inédito a la formación académica en el campo.
Pero no todo es festejo. Todas las resoluciones imponen una controvertida cuota aporte de solidaridad gremial del DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones. Este descuento, que los empleadores deben retener y depositar a la U.A.T.R.E., exime solo a los afiliados. La medida, que busca fortalecer la caja sindical, siempre enciende el debate sobre la obligatoriedad de los aportes. La CNTA, no obstante, dejó abierta la puerta a futuras revisiones ante la volátil situación económica. Estas decisiones marcan una fuerte intervención estatal en la regulación salarial, buscando un equilibrio entre la mejora de ingresos y los desafíos de los productores.
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