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El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencias que conmueven al ámbito municipal y educativo, con cargos millonarios confirmados para ex funcionarios y otros levantados. Un espejo de la gestión pública y sus responsabilidades.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no da tregua y sus recientes fallos publicados en el Boletín Oficial ponen en jaque a ex funcionarios y agentes municipales. Las resoluciones, que abarcan desde el levantamiento de cargos hasta la confirmación de deudas millonarias, son un recordatorio de la fiscalización implacable sobre el erario público.
Por un lado, se conoció el fallo 748/2025 en el Expediente N° 4-079.0-2017, vinculado a la Municipalidad de Morón, Ejercicio 2017. Aquí, el Tribunal decidió dejar sin efecto cargos que pesaban sobre los agentes municipales Alejandro Avelino FERNANDEZ e Ivanna Beatriz JEREZ. Un respiro para estos ex funcionarios, cuyas responsabilidades por supuestas irregularidades fueron finalmente desestimadas, revirtiendo una sentencia de 2019.
Pero la balanza no siempre se inclina hacia el alivio. El fallo 753/2025, correspondiente al Expediente N° 2-061.10-2005 del Consejo Escolar de La Plata, Ejercicio 2005, trajo malas noticias para Mario Oscar PREIATO (Presidente) y Laura Selva GARCIA RADRESA (Vicepresidente y Tesorera). El Tribunal confirmó un cargo por $460.117,74, por el cual deberán responder solidariamente. Se les otorgó un plazo de noventa (90) días para depositar los importes adeudados en la cuenta fiscal N° 108/9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de las acciones legales correspondientes.
Estos fallos son un claro mensaje sobre la rendición de cuentas en la administración pública. Mientras unos ven anuladas sus imputaciones, otros deben afrontar las consecuencias de gestiones pasadas. La publicación de estas decisiones busca no solo notificar a los involucrados, sino también transparentar el control sobre el uso de los fondos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administran sus recursos y quiénes son los responsables cuando hay irregularidades.
"Confirmar el Artículo Sexto de la Resolución N° 132/2012, manteniéndose el cargo por $460.117,74 por el que deberán responder en forma solidaria...", reza el fallo 753/2025.
La posibilidad de apelar o revisar estos fallos es limitada, lo que subraya la firmeza de las decisiones del Tribunal. Para los involucrados, las consecuencias pueden ser graves, afectando su patrimonio y su reputación. Para la provincia, es un mecanismo esencial para garantizar la buena administración y recuperar fondos cuando sea necesario. La ciudadanía debe seguir atenta a estos procesos, que son la columna vertebral de la fiscalización democrática.
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