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Una funcionaria de carrera recibe un jugoso plus salarial del 115% por su título universitario, mientras se destapa un plan de beneficios graduales para miles de empleados públicos.
En medio de un contexto de ajustes y austeridad, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires ha autorizado una bonificación del 115% sobre el sueldo básico para la Licenciada en Economía Ana Paula Travaglio (DNI N° 32.049.544), quien se desempeña como Directora de Promoción y Desarrollo de Exportaciones. Este beneficio, conocido como "Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función -BTU-", es de carácter mensual, remunerativo y no bonificable.
La resolución, que genera un gasto imputado al Presupuesto General Ejercicio 2026, no es un caso aislado. Se enmarca en el DECRE-2025-641-GDEBA-GPBA, que estableció esta bonificación para el personal de Planta Permanente sin Estabilidad, comprendido entre categorías funcionales superiores a Subdirector/a e inferiores a Subsecretario/a, bajo el régimen de la Ley N° 10.430.
Lo más llamativo es que la implementación de este 115% se está realizando de forma gradual y progresiva en cinco tramos de 23 puntos porcentuales, habiendo comenzado en mayo de 2025 y finalizando en mayo de 2026. Esto significa que muchos otros funcionarios podrían estar accediendo o por acceder a este significativo incremento salarial. La medida busca incentivar la capacitación y profesionalización dentro de la administración pública, reconociendo los títulos universitarios relacionados con las funciones desempeñadas. Sin embargo, en un escenario económico delicado, la magnitud de estos incrementos podría generar debate sobre la equidad y el destino de los recursos públicos.
Para el ciudadano común, es importante entender que estas bonificaciones, si bien pueden estar justificadas en la búsqueda de una administración más eficiente, representan un costo considerable para las arcas provinciales. La transparencia en la aplicación de estos criterios y el impacto real en la calidad de los servicios públicos serán claves para evaluar la pertinencia de esta política. Para futuras actualizaciones, se recomienda estar atento a las resoluciones del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y los debates en la legislatura provincial.
22 de agosto de 2025

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3 de febrero de 2026