Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Salud bonaerense transfiere el Centro de Atención Primaria “Dr. Ramón Carrillo” al municipio de Veinticinco de Mayo, pero se desliga de las responsabilidades laborales del personal actual, generando incertidumbre y una fuerte polémica.
Una medida que sacude el ámbito de la salud pública. La Resolución N° 423-MSALGP-2026 formaliza el convenio entre la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Veinticinco de Mayo para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAP.S.) “DR. RAMÓN CARRILLO”.
El nudo de la cuestión radica en la transferencia del CAP.S. a la órbita municipal. Si bien el objetivo es "garantizar su funcionamiento" y "ampliar las prestaciones en materia de salud", lo más impactante es la cláusula segunda: el municipio no se responsabiliza por las contrataciones laborales vigentes del personal del CAPS. Es más, el Ministerio de Salud asume la obligación de desafectar al personal actual a la fecha de la entrega del inmueble. Esto significa que los trabajadores de la salud que hoy operan en el centro quedan en un limbo, con el Ministerio lavándose las manos de sus futuras responsabilidades laborales y el municipio asumiendo la gestión sin el personal preexistente.
Esta decisión no es menor. Por un lado, busca ordenar una situación que incluso llegó a los tribunales, con una demanda de desalojo iniciada por el municipio contra la Gobernación en junio de 2025, de la cual ahora deberá desistir. La obra del CAP.S. se entrega en carácter de donación, incluyendo bienes y equipamiento. Sin embargo, la desvinculación del personal actual genera un foco de conflicto y preocupación, ya que implica un cambio drástico para los afectados y una potencial interrupción o reestructuración de los servicios. La mención de la rendición de fondos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugiere que la construcción del CAPS tuvo financiamiento externo, añadiendo una capa de complejidad al manejo de los recursos y las responsabilidades.
Para los vecinos de Veinticinco de Mayo, la noticia es agridulce. Por un lado, la municipalidad se compromete a "brindar la totalidad de los servicios" y "ampliar las prestaciones". Por otro, la transición del personal podría afectar la continuidad y calidad de la atención durante el proceso. Es crucial seguir de cerca cómo se gestionará la situación de los trabajadores y la efectiva ampliación de los servicios prometidos.