Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos de detección y bloqueo de señales móviles en todas las unidades carcelarias, en un golpe frontal contra las operaciones del crimen organizado desde prisión.
Una medida drástica y largamente esperada: el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Resolución 336/2026, declaró la guerra a la comunicación clandestina dentro de las prisiones federales. Se autoriza al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en todos los establecimientos carcelarios. El objetivo es claro y contundente: impedir que las organizaciones criminales sigan operando y planificando delitos desde el interior de las unidades.
La decisión se ampara en la Ley 24.660, que prohíbe las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles en las cárceles, y en la imperiosa necesidad de reforzar la seguridad pública. Es un secreto a voces que muchos delitos, desde extorsiones hasta coordinaciones de bandas, se gestan tras las rejas usando celulares ingresados ilegalmente.
La medida instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información del Ministerio a agilizar la adquisición, instalación y mantenimiento de esta tecnología, con la particularidad de que se deberán realizar los "ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen", buscando minimizar el impacto en la población civil aledaña a las prisiones.
Además, se aprobó un "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y BLOQUEO DE IMEI/IMSI EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS FEDERALES", lo que indica una implementación sistemática y coordinada.
Este paso es fundamental para desarticular redes criminales que han encontrado en la ineficacia de los controles carcelarios un caldo de cultivo para su accionar. Si bien el derecho a la comunicación de los internos está garantizado por la ley (artículo 158 de la Ley N° 24.660), esto se refiere a comunicaciones formales y supervisadas, no al uso de celulares clandestinos. La resolución busca un equilibrio entre los derechos y la seguridad ciudadana, priorizando la segunda ante un flagelo creciente.
La implementación efectiva de esta tecnología podría cambiar radicalmente el panorama de la seguridad en el país, al cortar una de las principales vías de comando y control de las bandas delictivas.
