Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Seguridad amplía el control cibernético para perseguir estafas piramidales y la intermediación financiera no autorizada con criptoactivos, buscando proteger a las víctimas de fraudes digitales.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ha declarado una guerra sin cuartel contra el ciberdelito, poniendo el foco en un área que ha crecido exponencialmente: las estafas con criptoactivos. A través de la Resolución 1330/2024, se amplían las facultades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para realizar labores preventivas en el espacio cibernético, incluyendo específicamente los delitos relacionados con las criptomonedas.
La resolución modifica el artículo 2° de la Resolución N° 428/2024, agregando a la lista de temas bajo vigilancia cibernética el “Delito de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”. Esto significa que las fuerzas de seguridad federales intensificarán la búsqueda y prevención de maniobras delictivas como las defraudaciones y estafas piramidales que prometen retornos irreales usando monedas virtuales, así como la captación de ahorros sin la debida autorización legal, tipificada en el artículo 310 del Código Penal.
Para los ciudadanos, esta medida busca una mayor protección frente a la creciente ola de fraudes digitales que utilizan la complejidad y novedad de los criptoactivos para engañar a inversores. El objetivo es prevenir que se materialicen los perjuicios económicos que estas estafas generan. Sin embargo, para la comunidad cripto, podría generar un debate sobre el alcance de la vigilancia estatal y la privacidad en el entorno digital. Es crucial entender que la medida apunta a las actividades delictivas y no a la tenencia o uso legítimo de criptomonedas.
El avance de las criptomonedas ha abierto nuevas fronteras para la innovación financiera, pero también para el crimen organizado. Las autoridades se enfrentan al desafío de regular y controlar un espacio digital que a menudo opera sin fronteras y con anonimato. La Ley N° 26.733, que modificó el Código Penal para incluir delitos financieros, es el marco legal que ahora se refuerza con esta resolución para adaptarlo a la era digital. La medida no implica una erogación presupuestaria adicional, lo que sugiere una reorientación de recursos y esfuerzos existentes.
Esta ampliación de las competencias policiales en el ciberespacio es una señal clara del Estado de que no tolerará el uso de nuevas tecnologías para perpetrar delitos. Los usuarios de criptoactivos deben extremar las precauciones y operar solo con plataformas y servicios debidamente autorizados y regulados. La medida es un espaldarazo para la seguridad de los ahorristas, pero también un llamado de atención sobre los riesgos inherentes al mercado de activos virtuales sin supervisión.
"El constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos."
Los ciudadanos deben seguir las noticias de fuentes oficiales y desconfiar de promesas de rendimientos exorbitantes en inversiones con criptoactivos. Consultar a expertos y verificar la legalidad de las plataformas es crucial. El Ministerio de Seguridad y el BCRA suelen emitir alertas sobre este tipo de fraudes.
