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La Inspección General de Justicia modifica normativas para facilitar la inscripción y operación de empresas foráneas, buscando reducir costos, eliminar barreras y fomentar la inversión extranjera directa en el país.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha dado un paso fundamental para simplificar el marco regulatorio aplicable a las sociedades constituidas en el extranjero que operan en Argentina. Mediante la Resolución General N° 4/2026, el organismo deroga y sustituye numerosos artículos de la Resolución General IGJ N° 15/2024, con el objetivo de promover la actividad empresarial, la transparencia registral y la seguridad jurídica.
Esta medida es el resultado de un proceso de Elaboración Participativa de Normas, que permitió identificar y corregir los aspectos del régimen anterior que generaban fricciones operativas, costos innecesarios y barreras de acceso a la economía formal. La IGJ busca así alinear su normativa con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), que propician registros de sociedades ágiles y orientados a la publicidad.
Esta resolución tiene un impacto positivo en diversos sectores, ya que la inversión extranjera puede dinamizar la economía en general. Al facilitar la operación de empresas foráneas, se espera una mejora en el clima de negocios y una mayor integración de Argentina en los circuitos de inversión global.
Contexto de desregulación: La medida se enmarca en una política de desregulación y apertura económica, buscando remover obstáculos que dificultaban la formalización y el desarrollo empresarial, sin sacrificar los mecanismos de control sustantivo que protegen a terceros y el orden público económico.
Para el ciudadano común: Aunque indirecto, un aumento en la inversión extranjera puede traducirse en mayor actividad económica, creación de empleo y acceso a nuevos bienes y servicios en el mercado.