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Una resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General 'reconoce' servicios y haberes a una empleada por tareas realizadas entre 2011 y 2014. ¿Cómo es posible que el Estado tarde más de diez años en saldar una deuda interna? Un reflejo de la **lentitud administrativa que indigna**.
En un movimiento que despierta más preguntas que respuestas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General han firmado la RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 694-SGG-2026. Esta medida, fechada el 16 de marzo de 2026, reconoce oficialmente los servicios prestados por María Teresa BUSTOS CARES (D.N.I. N° 92.858.255) como personal transitorio mensualizado entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.
Bustos Cares, quien se desempeñó en la Categoría Salarial 5, Agrupamiento Ocupacional 3 (Personal Administrativo) con 30 horas semanales en la entonces Dirección Provincial de Protección de Derechos, finalmente ve reconocidos sus años de labor. Si bien la resolución reconoce que los haberes fueron efectivamente percibidos en su momento, la demora en la formalización de este reconocimiento genera preocupación sobre la eficiencia y el orden interno de la administración pública.
El expediente, que inició en 2025, pasó por varias instancias: la Dirección Provincial de Personal, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, la Dirección Provincial de Enlace y Asuntos Legislativos, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado. Todos se pronunciaron favorablemente, lo que subraya que la prestación del servicio y la percepción de haberes estaban acreditadas. Entonces, ¿por qué la demora de más de una década en un trámite que debería ser rutinario?
Para los ciudadanos, este tipo de resoluciones son un termómetro de la gestión estatal. Muestran que los procesos administrativos pueden ser tan lentos que la justicia laboral o el reconocimiento de derechos básicos se dilatan por años. Este caso, aunque individual, es un ejemplo claro de la burocracia que a menudo ahoga al sector público, afectando no solo a los empleados sino también la percepción general de la eficiencia del Estado. Es crucial que los organismos públicos agilicen sus procesos para evitar estas dilaciones inaceptables.
