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La Casa Rosada se planta firme y desestima recursos jerárquicos de agentes de la Armada, Cancillería y PSA. ¿El mensaje? La administración no cede ante reclamos por reencasillamientos, ascensos denegados o cesantías. Un golpe a las expectativas de los empleados del Estado, que ahora solo les queda la vía judicial.
Una serie de decretos presidenciales publicados hoy en el Boletín Oficial revelan una postura inflexible del Gobierno frente a los reclamos de empleados públicos. En tres casos distintos, el Poder Ejecutivo ha rechazado recursos jerárquicos de agentes que buscaban revertir decisiones administrativas que afectaban sus carreras o sus puestos de trabajo. La Armada Argentina, la Cancillería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son los escenarios de estos conflictos laborales que terminan con un 'no' rotundo desde la cima del Estado.
Mónica Soledad BILLANUEVA (DNI 26.183.764): Esta agente civil de la planta permanente de la Armada Argentina había interpuesto un recurso contra su reencasillamiento en el Agrupamiento Técnico, Nivel V, Grado 2, considerándolo erróneo. Sin embargo, el Decreto N° 72/2026 confirma que su asignación fue correcta, aplicando rigurosamente los artículos 132 a 140 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Lucía Edith VEGA (DNI 14.549.052): Empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la señora Vega buscaba ser promovida al Nivel A del SINEP. Alegaba que un curso dictado por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) debía ser considerado como 'especialización avanzada'. No obstante, el Decreto N° 75/2026 respalda la decisión del Comité de Valoración, que determinó que el curso no cumple con los requisitos del artículo 14, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP.
Américo Javier OLMEDO (DNI 25.710.881): Ex Oficial Ayudante de la Policía de Seguridad Aeroportaria, Olmedo apelaba su cesantía impuesta por una falta disciplinaria 'muy grave'. El Decreto N° 68/2026 ratifica la decisión del Tribunal de Disciplina Policial, que encontró al ex-oficial en infracción a los deberes de su cargo, afectando la ética y la imagen de la PSA. Sus argumentos no lograron 'conmover la decisión adoptada'.
Para el ciudadano común, estos decretos marcan una clara tendencia: la administración pública está aplicando con mano de hierro sus reglamentos internos, agotando las vías administrativas y dejando a los recurrentes con la única opción de iniciar acciones judiciales. Esto podría interpretarse como un esfuerzo por ordenar el gasto público y la planta estatal, pero también genera frustración entre quienes sienten que sus derechos laborales no son escuchados dentro de la órbita gubernamental. La consigna es clara: las normas se aplican, y si hay disconformidad, el camino es la justicia ordinaria.
